Una nueva ley de privilegios religiosos

Parece ser que el gobierno planea modificar la ley de libertad religiosa para adaptarla a "la España de hoy". La ley orgánica de 1980 no sólo reconocía la "libertad religiosa" sino que asignaba a los poderes públicos la función de tomar "las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos." Es decir, que no sólo se reconocía a los ciudadanos libertad de creencias, sino que se añadía la obligación del estado para ampararlas e incluso subvencionarlas. La ley también favorecía interpretaciones benevolentes a cerca de la financiación de las iglesias, en particular de la católica, que continúa beneficiándose de la detracción de una parte del fondo común recaudado por el estado.

Se calcula que en torno al 14% de las personas en las principales naciones occidentales son ateas convencidas y en torno al 40% no se consideran "personas religiosas". Realmente, solo la inexistencia o desunión de un "lobby" ateo explica que la educación humanista y atea, o sus diversas formas de asociación, no reciban un trato equivalente al que exige la constante presión de los grupos religiosos.